Sumario:
A lo largo de nuestro trabajo analizaremos el rol de los terceros en el proceso de violencia familiar. Específicamente, consideraremos la legitimación activa y la obligación de denunciar en el marco de la ley 24.417 de “Protección contra la violencia familiar”, vigente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Expondremos los diferentes supuestos que presenta el problema. En particular, desarrollaremos las posibilidades que pueden plantearse si la víctima de la violencia es mayor de edad y capaz, y cuando se trata de niños o incapaces.
En el primer supuesto, la mencionada ley sólo otorga legitimación para entablar la denuncia al propio damnificado. Entendemos que la solución legal es limitada. Si bien es cierto que, en la mayoría de los casos, la persona adulta se encuentra posibilitada de acceder al Tribunal y formular la denuncia pertinente, no lo es menos que en otros supuestos la víctima no tiene recursos emocionales suficientes para tomar una decisión de tal magnitud. Es por ello que proponemos una apertura de la legitimación activa respecto de cualquier persona –aún ajena a la situación de violencia- cuando mediare imposibilidad física o psíquica para realizar la denuncia por parte del damnificado. Ello requiere, necesariamente, la citación ulterior de la persona que ha sufrido el abuso a los fines de ratificar la denuncia realizada por el tercero que no se constituye en parte del proceso.
En el segundo supuesto, es decir, cuando los damnificados son menores o incapaces, ancianos o discapacitados, la ley 24.417 determina la obligatoriedad de denunciar por parte de sus representantes legales, el ministerio público, los servicios asistenciales sociales o educativos, públicos o privados, los profesionales de la salud y todo funcionario público en razón de su labor. Creemos conveniente extender esta obligación a toda persona que tome conocimiento de los hechos de violencia, sin que ello signifique, reiteramos, constituirse en parte del proceso.
Asimismo, propugnamos, por un lado, la necesidad de aplicar sanciones específicas a quien incumple con el deber legal; y, por el otro, la obligación estatal de proteger expresamente al denunciante de buena fe, brindándole indemnidad e inmunidad civil y penal contra las acciones legales de los victimarios tendientes a presionarlos o intimidarlos.
Estas medidas tienen como objetivo fundamental estimular la participación de los terceros en el proceso, quienes suelen presentar cierta resistencia a tomar partido en las problemáticas de la familia, vivida como un espacio de privacidad en el cual no se debe intervenir.
Un estado democrático de derecho requiere del respeto de los derechos humanos fundamentales. Es por ello que la violencia familiar en sus diversas manifestaciones constituye un problema social cuya prevención y tratamiento interesan a toda la comunidad. Si una madre o un padre golpea a su hijo o un hombre a su esposa, no estamos en presencia de un conflicto privado que sólo afecta a la familia, sino que es una cuestión de orden público en donde están en juego el derecho a la vida, a la integridad psicofísica, a la salud, a la libertad y a la dignidad; cuestión que atenta contra la organización social basada en los derechos humanos que pone límite al ejercicio de poderes arbitrarios, tanto en el mundo público como en el privado.
El interrogante que se plantea en estos supuestos es cómo intervenir y hasta dónde. ¿Qué se hace con la privacidad y el derecho a la autonomía de una familia en la que no hay niños o incapaces?. La respuesta no es simple. Nos muestra la constante tensión que existe entre lo público y lo privado, entre el respeto a la intimidad por un lado y las responsabilidades del Estado por el otro; tensión que, por cierto, resulta uno de los problemas más arduos de resolver en las cuestiones de Derecho de Familia.
Leer artículo completo en:
http://www.asapmi.org.ar/publicaciones/articulos-juridicos/?id=26
A lo largo de nuestro trabajo analizaremos el rol de los terceros en el proceso de violencia familiar. Específicamente, consideraremos la legitimación activa y la obligación de denunciar en el marco de la ley 24.417 de “Protección contra la violencia familiar”, vigente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Expondremos los diferentes supuestos que presenta el problema. En particular, desarrollaremos las posibilidades que pueden plantearse si la víctima de la violencia es mayor de edad y capaz, y cuando se trata de niños o incapaces.
En el primer supuesto, la mencionada ley sólo otorga legitimación para entablar la denuncia al propio damnificado. Entendemos que la solución legal es limitada. Si bien es cierto que, en la mayoría de los casos, la persona adulta se encuentra posibilitada de acceder al Tribunal y formular la denuncia pertinente, no lo es menos que en otros supuestos la víctima no tiene recursos emocionales suficientes para tomar una decisión de tal magnitud. Es por ello que proponemos una apertura de la legitimación activa respecto de cualquier persona –aún ajena a la situación de violencia- cuando mediare imposibilidad física o psíquica para realizar la denuncia por parte del damnificado. Ello requiere, necesariamente, la citación ulterior de la persona que ha sufrido el abuso a los fines de ratificar la denuncia realizada por el tercero que no se constituye en parte del proceso.
En el segundo supuesto, es decir, cuando los damnificados son menores o incapaces, ancianos o discapacitados, la ley 24.417 determina la obligatoriedad de denunciar por parte de sus representantes legales, el ministerio público, los servicios asistenciales sociales o educativos, públicos o privados, los profesionales de la salud y todo funcionario público en razón de su labor. Creemos conveniente extender esta obligación a toda persona que tome conocimiento de los hechos de violencia, sin que ello signifique, reiteramos, constituirse en parte del proceso.
Asimismo, propugnamos, por un lado, la necesidad de aplicar sanciones específicas a quien incumple con el deber legal; y, por el otro, la obligación estatal de proteger expresamente al denunciante de buena fe, brindándole indemnidad e inmunidad civil y penal contra las acciones legales de los victimarios tendientes a presionarlos o intimidarlos.
Estas medidas tienen como objetivo fundamental estimular la participación de los terceros en el proceso, quienes suelen presentar cierta resistencia a tomar partido en las problemáticas de la familia, vivida como un espacio de privacidad en el cual no se debe intervenir.
Un estado democrático de derecho requiere del respeto de los derechos humanos fundamentales. Es por ello que la violencia familiar en sus diversas manifestaciones constituye un problema social cuya prevención y tratamiento interesan a toda la comunidad. Si una madre o un padre golpea a su hijo o un hombre a su esposa, no estamos en presencia de un conflicto privado que sólo afecta a la familia, sino que es una cuestión de orden público en donde están en juego el derecho a la vida, a la integridad psicofísica, a la salud, a la libertad y a la dignidad; cuestión que atenta contra la organización social basada en los derechos humanos que pone límite al ejercicio de poderes arbitrarios, tanto en el mundo público como en el privado.
El interrogante que se plantea en estos supuestos es cómo intervenir y hasta dónde. ¿Qué se hace con la privacidad y el derecho a la autonomía de una familia en la que no hay niños o incapaces?. La respuesta no es simple. Nos muestra la constante tensión que existe entre lo público y lo privado, entre el respeto a la intimidad por un lado y las responsabilidades del Estado por el otro; tensión que, por cierto, resulta uno de los problemas más arduos de resolver en las cuestiones de Derecho de Familia.
Leer artículo completo en:
http://www.asapmi.org.ar/publicaciones/articulos-juridicos/?id=26
Buenas noches Licenciada, que opina entonces Ud. respecto a las autoridades y adultos cercanos al niño de 6 años asesinado por su Mamá en estos días pasados ?. Yo soy Abogada y me resurge la bronca e impotencia del cansancio de ver a los Juzgados NO escuchar cuando un padre o una madre denuncian este tipo de riesgos. Y el padre ?, no debió tomar medidas más serias ?, y los Profesionales que le dieron el alta ?. No había otros familiares adultos cercanos ?. Un horror, le envío mis cordiales saludos, la felicito por el Blog.
ResponderEliminarwww.ollerabogados.com.ar
Estimada Dra. muy buenos días! Antes que nada, bienvenida y muchas gracias por sus palabras.
ResponderEliminarClaro que comparto el dolor y la importancia, con usted que trabaja en la justicia a diario , para mi que sin alejarme de ella trabajo con la salud mental en un intento por articularla con la justicia y muchos otros que la reclaman, incluidas ambas, pues ante todo somos ciudadanas.
Respecto de lo que concretamente sucedió en el caso del niño de 6 años, y personalmente creo que debe haber muchos más de los que no se hablan como sucede a nivel mundial y en cifras alarmantes,es evidente que algo del orden de la salud menta estaba en desequilibrio en esa mujer y se produjo algún quiebre ante la situación, de separación. No es raro últimamente que los niños sean utilizados como botin de guerra u objetos para llevar a cabo su venganza hacia al otro, hecho que no siempre sucede concientemente pero produce un enorme daño.
Las preguntas son muchas y quiesiera tener respuestas. Lo cierto es que tanto el padre como la otra hija estaban inmersos en una dinámica tan disfuncional, que segurqamente los haya dejado impotentizados ante enorme situación..la pregunta , a mi entender sigue siendo..que pasa con los terceros? Que pasa con la responsabilidad de un estado que una y otra vez vulnera y deja desprotegidoa a los niños en sus Derechos, en su integridad y de esto hay sobrados ejemplos.
Creo que es excelente para seguir abriendo preguntas y experiencias. Gracias por la reflexión. Que tenga muy buenos días!
Mariana
Pido disculpas porque no estoy informada del caso,en especifico vivo desde hace varios anos en otro pais,puedo decir que la violencia familiar existe en todos los niveles sociales y que lo que la sociedad puede hacer es solo prevenir,apelandose a las instituciones sociales y ayudando a las familias con dificultad apuntando a un sostenimiento psicologico,yo creo que tantos casos se pueden evitar,cuestionandose porque se llega a similes episodios,no es cierto condenando como se sale.sino tratando de entender el PORQUE,de la violencia,la otra cosa de hacer es denunciar,lo publico y lo privado atraviezan el limite cuando se trata de violencia y somos todos responsables.
ResponderEliminarBuenas tardes, no hay nada que discupar, este caso es entre muchos otros , lamentable y doloroso y por su actualidad lo he traido como disparador de una magna situación que como bien dices, nos atraviesa y atraviesa todos los estratos sociales sin distinsión de género, edad, raza, etc.
ResponderEliminarAcuerdo que la extrema judicialización no es de ayuda para nadie, si bien una denuncia oportuna es un límite necesario que no tiene porque ser en un primer momento y con esto me refiero a otro tema delicado y es que la persona , cualquiera sea que atraviesa una situación de violencia muchas veces no tiene la integridad subjetiva para sostener una denuncia y todo lo que ello implica, proceso del cual muchos no están informados ni se les informa ( con esto me refiero a una denuncia penal). La denuncia Civil es necesaria como preventivo, pero no se puede basar toda la intervención en esto y aqui volvemos a prevenciones fallidas como inexistentes y falta de políticas públicas serias y articuladas.
Cada pais tiene su legislación y formas de procedimiento, pero tal vez sea de utilidad lo que puedas encontrar en este espacio y está posteado respecto de propuestas de intervención. Cualquier otra cuestión...seguimos.Bienvenida!
Mariana